El Supremo obliga a la Administración a entregar el código fuente de BOSCO
Supremo ordena acceso al código BOSCO
Contexto de la sentencia
El Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de septiembre de 2025 (recurso de casación 7878/2024), ha resuelto una cuestión de interés casacional: la procedencia de facilitar el código fuente de la aplicación informática BOSCO, destinada a verificar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al bono social eléctrico. La resolución estima el recurso presentado por la Fundación Ciudadana Civio, anulando pronunciamientos previos de la Audiencia Nacional y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Marco normativo aplicable
El fallo se fundamenta en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el artículo 105.b) de la Constitución Española y en el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estos preceptos reconocen el derecho de acceso a la información como garantía vinculada a la transparencia y al control ciudadano de la actividad administrativa.
Doctrina fijada
La Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció tres puntos esenciales:
El derecho de acceso a la información pública constituye un derecho subjetivo frente a la Administración, más allá de un principio rector.
La utilización de tecnologías y sistemas automatizados en la gestión de derechos sociales exige mayor transparencia, pudiendo implicar la entrega del código fuente de las aplicaciones empleadas.
La Fundación Civio tiene derecho a conocer el diseño interno de la aplicación BOSCO para comprobar su adecuación al marco normativo que regula el bono social eléctrico.
Consecuencias prácticas
La decisión obliga a la Administración a facilitar el código fuente a la Fundación Civio, garantizando la posibilidad de supervisar que los algoritmos aplicados no introduzcan distorsiones en el reconocimiento del derecho al bono social.
Relevancia para la transparencia
La sentencia refuerza el principio de publicidad de la actuación administrativa, con especial incidencia en los procesos en los que se utilizan herramientas tecnológicas que pueden afectar directamente a los derechos de los ciudadanos. El pronunciamiento sienta un precedente de relevancia en materia de acceso a la información, que previsiblemente orientará futuros conflictos sobre transparencia y algoritmos en el sector público.